La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que un servidor público, autoridad o Juez dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta.
Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público. Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad.
Está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración.
Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un servidor público o juez en el ejercicio de sus competencias.

Al Gobierno popular le encantaría que los españoles fuésemos aun más tontos.
Que lo privado no solo no ahorra si no que es más caro, y anti-democrático, es algo que ya sabemos todos, ya no nos creemos el cuento de que lo privado es más barato.

Educación "Concertada"

Este gobierno se olvida, una vez más, de los intereses comunes de todos los ciudadanos, el olvido es mayor cuanto mayor sea el indice de pobreza y/o exclusión y como viene siendo habitual solo defiende los intereses económicos e ideológicos para su propio beneficio, muchos diputados senadores y ex-ministros, son consejeros y/o accionistas de las empresas que gestionan yá los centros educativos "concertados".

Rajoy intenta imponer obligatoriamente la más casposa y ridícula ideología política de algunos de lo obispos.
La mayoría de los colegios concertados pertenecen a empresas de la iglesia y los colegios concertados más elitistas pertenecen a empresas de la Secta mejicana Legionarios de Cristo (colegios Higtlands de Madrid y Valencia)
La Constitución Española refleja el derecho a la enseñanza, la imposición de la religión católica es una coacción a los ciudadanos porque las familias que no deseen un adoctrinamiento religioso tendrán como alternativa a la asignatura de religión, nada.

Al Gobierno no le queda otra más que cambiar la Ley para anular todas las sentencias sobre educación en su contra, para eso tienen al Ministro Gallardón.
Para impartir la asignatura de religión en todo el territorio nacional, se desviarán 500 millones de euros del mermado presupuesto de educación.

No podemos consentir que un estado en bancarrota como el español se vea obligado a dedicar los fondos públicos a la defensa de una ideológia, y los intereses económicos de un grupo de personas y la multimillonaria Iglesia católica.

¿Creén ustedes que el gobierno español prevariva, podría aclararnos esto algún Juez?